
Ficha policial de Lluís Companys
Tras la derrota republicana en la Guerra Civil, Lluís Companys, presidente de la Generalitat, se exilió en Francia, donde residió hasta la ocupación del país por parte del ejército nazi alemán, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fue capturado por la Gestapo con la ayuda del régimen franquista, y entregado a las autoridades españolas en la frontera de Hendaya. Traído a Madrid, fue interrogado y torturado antes de ser trasladado a Barcelona para ser juzgado y condenado a muerte por rebelión militar. Companys defendió hasta el final su acción política y la legitimidad de la Generalitat. En la madrugada del 15 de octubre de 1940, fue fusilado en el castillo de Montjuïc, gritando "¡Per Catalunya!", convirtiéndose en un símbolo de la resistencia contra el franquismo.
A lo largo de la dictadura, miles de activistas y políticos catalanes involucrados en actividades clandestinas fueron perseguidos, encarcelados, torturados o incluso fusilados. El régimen franquista utilizaba a la policía secreta y los tribunales militares para reprimir cualquier tipo de oposición, y la pena de muerte era el mecanismo de control y castigo para los opositores políticos. Durante los primeros años de la dictadura, el número de fusilamientos fue especialmente elevado. Cientos de políticos, sindicalistas y activistas catalanes fueron arrestados y ejecutados en los años 40 y 50. Las ejecuciones se mantuvieron hasta finales del régimen, como el caso de Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974.
“ La guerra es un crimen, pero lo que hoy llamamos franquismo lo es dos veces,
porque es la guerra del odio y la intolerancia
— Manuel Azaña

Detenciones de civiles durante la ofensiva franquista
Con la llegada del nuevo régimen, miles de personas fueron sometidas a procesos de depuración de sus cargos públicos. Profesores, médicos, abogados, jueces y funcionarios catalanes fueron sustituidos por personas leales al régimen, lo que no sólo significaba la pérdida de empleo, sino también la marginación social. Esta purga tuvo un impacto devastador en el sistema educativo, eliminando a una generación de docentes comprometidos con la educación pública, laica y democrática que había florecido durante la Segunda República, e imponiendo un sistema educativo centrado en los valores del régimen y la doctrina de la Iglesia católica. La incautación de inmuebles, archivos y otros bienes fue otro proceso sistemático y generalizado de represión, dirigido contra personas, partidos políticos y sindicatos que eran consideradas contrarias a los principios políticos, ideológicos o religiosos del régimen.
Uno de los principales instrumentos de control fueron las denuncias entre los vecinos. Las nuevas autoridades instaban a la población a denunciar a cualquier persona considerada desafecta, a menudo basándose en conflictos personales, rivalidades antiguas o disputas locales. A partir de estos informes, elaborados por particulares, Falange, la Guardia Civil o autoridades religiosas, se abrían expedientes, se producían detenciones y se iniciaban procesos de depuración o consejos de guerra. El objetivo era eliminar cualquier oposición e imponer un clima de miedo. En muchos pueblos, el miedo a ser denunciado quebró la confianza entre vecinos y convirtió el silencio en una estrategia de supervivencia.

Lista negra
La vigilancia también se extendió a los espacios de reunión popular. Cafés, casinos, ateneos y tabernas, que durante la República habían sido centros de debate y actividad cultural, quedaron bajo control policial. La presencia de confidentes e informadores hacía que cualquier crítica al régimen, comentario sobre Franco o conversación considerada sospechosa pudiera terminar en una denuncia. Esa vigilancia transformó la vida social: se hablaba con prudencia, se evitaban determinados temas y muchos espacios de encuentro perdieron la libertad de expresión que habían tenido antes de la guerra.
Paralelamente, el régimen disponía de listas de personas consideradas peligrosas o contrarias al nuevo orden. En estas relaciones aparecían alcaldes republicanos, sindicalistas, maestros, funcionarios y militantes de organizaciones como ERC, PSUC, CNT o UGT. Aunque no existía una única lista negra para Catalunya, los registros locales y los archivos policiales facilitaron las primeras detenciones, encarcelamientos, depuraciones profesionales y exilios.

La comissaría de Via Laietana
La comisaría de Via Laietana, situada en el centro de Barcelona, es uno de los iconos más controvertidos de la represión. Inaugurada a principios del siglo XX, se convirtió en un punto de control policial durante la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, su papel más oscuro se consolidó durante la dictadura franquista, cuando se convirtió en uno de los centros más temidos de represión. Se han documentado numerosas torturas, especialmente en manos de figuras como los siniestros hermanos Creix, miembros de la Brigada Político-Social, la brigada encargada de perseguir cualquier forma de disidencia contra el régimen. Con la transición democrática la comisaría ha continuado operando como sede policial, pero grupos de derechos humanos y colectivos de víctimas reivindican la necesidad de reconocer públicamente los abusos que se cometieron, y convertir el edificio en un espacio de memoria del terror franquista.
Algunas de las prisiones más notables en Cataluña fueron la Modelo de Barcelona y el castillo de Montjuïc, que se llenaron de presos políticos y donde, además, se practicaba la tortura. Muchos soldados republicanos y otros sospechosos de oponerse al régimen fueron enviados a campos de concentración, donde estaban sometidos a trabajos forzados y malos tratos. En 1940 había más de 10.000 prisioneros políticos en Cataluña, muchos de ellos en condiciones deplorables.

Trabajos forzados en el Puerto de Barcelona