En enero de 1939, ante la ofensiva final de las tropas
franquistas y con la caída de Barcelona, el gobierno de la Generalidad de Cataluña, presidido por Lluís Companys, se
vio obligado a cruzar la frontera hacia Francia, como hicieron decenas de miles
de republicanos. Companys se instaló inicialmente en
París, donde siguió actuando como presidente de la Generalitat en el exilio,
intentando coordinar la resistencia republicana. Sin embargo, en agosto de
1940, durante la ocupación nazi de Francia, fue arrestado por la Gestapo con la
colaboración de la policía franquista, extraditado a España y fusilado el 15 de
octubre de 1940 en el castillo de Montjuïc. Este acto represivo fue una muestra
del ensañamiento del franquismo hacia las instituciones catalanas y marcó un
hito de dolor para el exilio catalán.
Tras el fusilamiento del presidente Companys, el exilio
catalán designó como su sucesor a Josep Irla, que hasta ese momento había sido
el presidente del Parlament de Catalunya. Irla asumió la presidencia en 1940, y
Antoni Rovira i Virgili, intelectual, periodista e historiador, fue nombrado
para sustituirle en la presidencia del Parlamento. Ambos, pese a las
circunstancias extremadamente adversas, trabajaron para mantener la unidad del
exilio catalán y preservar la legitimidad de las instituciones catalanas en el
exterior.
Durante este período, la acción del gobierno en el exilio
fue principalmente simbólica y de representación, ya que las condiciones de la
Segunda Guerra Mundial y la consolidación posterior del régimen franquista
impedían cualquier tipo de actuación real en Cataluña. Además, con el inicio de
la Guerra Fría, la situación de la causa republicana en el exterior se complicó
aún más, debido a que las potencias occidentales empezaron a ver al régimen de
Franco como un aliado contra el comunismo, reduciendo las esperanzas de
restaurar la democracia en España.
En 1954, después de 14 años de Irla en su cargo, Josep
Tarradellas, que había sido consejero de la Generalitat antes de la guerra y
exiliado desde 1939, fue elegido nuevo presidente. Tarradellas asumió el cargo
con un doble reto: mantener la legitimidad del gobierno en el exilio y buscar
una vía de reconciliación para la recuperación de las instituciones catalanas.
Desde su residencia en Saint-Martin-le-Beau, una pequeña localidad cercana a
Tours (Francia), Tarradellas se convirtió en un interlocutor para los distintos
sectores del catalanismo, a pesar de las dificultades económicas y políticas de
la época. Su objetivo era evitar la desaparición de la Generalitat como símbolo
y prepararla para un posible regreso si la situación en España cambiaba.
La vuelta de los exiliados catalanes tras la dictadura
franquista empezó a concretarse a partir de la muerte de Franco en 1975 y el
inicio de la Transición. En 1977, con la legalización de los partidos políticos
y las primeras elecciones democráticas, el presidente del gobierno español,
Adolfo Suárez, reconoció la legitimidad de la Generalitat en el exilio y
negoció directamente con Tarradellas su regreso a Cataluña, que se produjo el
23 de octubre de 1977, donde, desde el balcón del Palau de la Generalitat y
ante una multitud que le aclamaba, pronunció su histórico "¡Ja soc aquí!".
Esta fecha se considera simbólica, ya que marcó la restauración de la
Generalidad de Cataluña, suspendida desde la Guerra Civil.
Aunque no reconocido internacionalmente, el gobierno de
la Generalitat en el exilio fue un símbolo de resistencia y de la continuidad
institucional de la Cataluña democrática durante el régimen franquista, y su
papel fue fundamental en el proceso de recuperación cultural de Cataluña con el
fin del régimen. El regreso de Tarradellas y otros muchos exiliados cerró el
círculo entre las generaciones que habían vivido la Segunda República y las
nuevas generaciones nacidas bajo la dictadura.
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