Con el retorno de la democracia, Cataluña recuperó la
Generalitat y ciertas cotas de autonomía. Sin embargo, el nivel de autogobierno
era insuficiente para sectores del nacionalismo catalán que, décadas después,
propusieron una reforma del Estatut de 1979 para ampliar las competencias y
redefinir el encaje del país dentro del Estado. Con este objetivo se redactó un
nuevo texto que fue aprobado en referéndum en Cataluña y ratificado por las
Cortes Generales en 2006. Pero el Partido Popular impugnó varios artículos, y
en 2010, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que recortaba aspectos
centrales del documento, incluyendo la definición de Cataluña. Este hecho fue
percibido por muchos catalanes como ataque a la voluntad popular y fue un punto
de inflexión en el crecimiento del movimiento independentista.
En señal de protesta, el 10 de julio de 2010 Òmnium
Cultural organizó una manifestación en Barcelona a la que se sumaron los
sindicatos y cerca de 1.600 entidades, además de todos los partidos políticos,
salvo PP y Ciudadanos. Más de un millón de manifestantes se reunieron bajo el
lema "Somos una nación, nosotros decidimos". Sectores muy amplios de
la sociedad catalana empezaron a reivindicar el derecho a decidir del pueblo de
Cataluña, y en los años siguientes, el independentismo ganó cada vez más
adeptos, como demuestran las multitudinarias manifestaciones del 11 de
septiembre, con millones de personas saliendo a la calle. Este movimiento
popular se tradujo en un cambio en el liderazgo político del nacionalismo
catalán hacia una decidida apuesta por la independencia.
En las elecciones catalanas de 2015, las fuerzas
independentistas, encabezadas por la coalición Junts pel Sí y secundadas por la
CUP, ganaron la mayoría de los escaños en el Parlament catalán, aunque no
lograron más del 50% de los votos. Como resultado, Carles Puigdemont asumió la
presidencia de la Generalitat y puso en marcha una "hoja de ruta" que
debía culminar con la organización de un referendum de independencia, el 1 de
octubre del 2017, que fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Pese a la
suspensión, la fuerte oposición del gobierno español y un despliegue policial
masivo, finalmente se habilitaron colegios electorales y se procedió a la
votación. La actuación policial fue brutal y desproporcionada, con imágenes de
violencia para impedir el ejercicio del voto que dieron la vuelta al mundo.
Pese a los obstáculos, alrededor de 2,3 millones de personas —el 43% del censo—
votaron, con un 90% de votos a favor de la independencia.
