
Con el retorno de la democracia, Cataluña recuperó la Generalitat y ciertas cotas de autonomía. Sin embargo, el nivel de autogobierno era insuficiente para sectores del nacionalismo catalán que, décadas después, propusieron una reforma del Estatut de 1979 para ampliar las competencias y redefinir el encaje del país dentro del Estado. Con este objetivo se redactó un nuevo texto que fue aprobado en referéndum en Cataluña y ratificado por las Cortes Generales en 2006. Pero el Partido Popular impugnó varios artículos, y en 2010, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que recortaba aspectos centrales del documento, incluyendo la definición de Cataluña. Este hecho fue percibido por muchos catalanes como ataque a la voluntad popular y fue un punto de inflexión en el crecimiento del movimiento independentista.

En las elecciones catalanas de 2015, las fuerzas independentistas, encabezadas por la coalición Junts pel Sí y secundadas por la CUP, ganaron la mayoría de los escaños en el Parlament catalán, aunque no lograron más del 50% de los votos. Como resultado, Carles Puigdemont asumió la presidencia de la Generalitat y puso en marcha una "hoja de ruta" que debía culminar con la organización de un referendum de independencia, el 1 de octubre del 2017, que fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Pese a la suspensión, la fuerte oposición del gobierno español y un despliegue policial masivo, finalmente se habilitaron colegios electorales y se procedió a la votación. La actuación policial fue brutal y desproporcionada, con imágenes de violencia para impedir el ejercicio del voto que dieron la vuelta al mundo. Pese a los obstáculos, alrededor de 2,3 millones de personas —el 43% del censo— votaron, con un 90% de votos a favor de la independencia.

