Pese a la suspensión por el Tribunal Constitucional y el
despliegue policial masivo, el 1 de octubre de 2017 se realizó el referéndum de
autodeterminación de Cataluña, pero el resultado no fue reconocido por España
ni por los organismos internacionales. Sin embargo, el 27 de octubre de 2017,
el Parlamento catalán declaró la independencia de forma unilateral. El referendum
y la posterior declaración de independencia fallida por parte del Parlamento
catalán desencadenaron una grave crisis política, que supuso la aplicación, por
primera vez, por parte del gobierno español del artículo 155 de la Cosntitución,
la destitución del gobierno y el control directo de Cataluña por parte del
Estado. El presidente Puigdemont y varios miembros de su gobierno huyeron al
exilio, mientras que otros fueron arrestados, juzgados y encarcelados, lo que
desató una larga crisis política y judicial que continúa hasta la fecha.
Tras la aplicación del 155, la respuesta represiva se intensificó. Se presentaron cargos contra líderes políticos y sociales por delitos de sedición, rebelión y malversación. La represión se extendió a ciudadanos implicados en protestas o actos simbólicos, e incluyó el uso extensivo de la fuerza policial en manifestaciones. Entidades como Amnistía Internacional criticaron estas medidas, denunciando una regresión de derechos fundamentales como la libertad de expresión y reunión. En 2019, el Tribunal Supremo condenó a nueve líderes políticos y sociales independentistas a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por sedición y malversación.
La sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los
líderes del proceso independentista en prisión desató una ola de protestas por
todo el país. En octubre de 2019, en el marco de estas protestas, la plaza
Urquinaona de Barcelona se convirtió durante unos días en el epicentro de la
tensión entre manifestantes y fuerzas policiales, con fuertes disturbios,
barricadas, incendios, cargas y el uso de proyectiles por parte de los cuerpos
de seguridad. El balance incluyó a decenas de detenidos y heridos, tanto entre
los manifestantes como entre los agentes.
Aunque en democracia las herramientas represivas son más
limitadas, el encarcelamiento y el exilio de líderes políticos, las cargas
policiales o el uso de estructuras estatales para reprimir movimientos de
autodeterminación recuerdan, aunque a menor escala, tiempos pasados. Cincuenta
años después, los retos de la historia contemporánea de Cataluña siguen girando
en torno a la búsqueda de un encaje político satisfactorio dentro de un estado
a menudo percibido como centralista e intransigente. La fractura social actual
tiene puntos en común con las divisiones políticas y sociales de la Segunda
República, con un país polarizado entre visiones irreconciliables entre quien
quiere más autogobierno, la mayor independencia o mayor integración dentro de
España. Este contexto pone de relieve la necesidad de establecer un diálogo
real y de implementar reformas institucionales que aporten soluciones a las
demandas de una parte significativa de la población, evitando repetir los
errores del pasado y construyendo caminos, compartidos o no, de futuro.
