
Aunque la inmersión lingüística ha demostrado ser un
modelo de éxito para la cohesión social, la oposición al modelo ha existido
desde los inicios de su implementación en los años ochenta, y ha ido ganando
fuerza y protagonismo a lo
largo de las décadas, especialmente en el ámbito político y en los tribunales.
Sentencias como la del Tribunal Constitucional (2010) o del
Tribunal Supremo (2013) reflejan una profunda tensión entre las aspiraciones de
autonomía y preservación cultural catalana ante los intereses de la unidad
lingüística y política de España.

Sea como fuere, según los estudios del Instituto de
Estadística de Cataluña, sólo el 65,1% de la población de los territorios de
habla catalana afirma que habla bien la lengua, mientras que el 95% dice hablar
bien el castellano. Los datos reflejan la necesidad de dedicar esfuerzos por
preservar la vitalidad de la lengua. El refuerzo de políticas públicas, como la
ampliación del uso del catalán en la educación y el apoyo a los medios de
comunicación en catalán, son esenciales para revertir estas tendencias
negativas. La implementación de políticas de normalización, el uso en ámbitos
digitales y la sensibilización ciudadana son imprescindibles para asegurar la
futura vitalidad de la lengua.
