El desprestigio de la monarquía y la Ley Mordaza


Blackblock y otros quince grafiteros quedaron un domingo para pintar en el parque de las Tres Xemeneies, en el Paral·lel de Barcelona, ​​en el marco de una acción reivindicativa a favor de la libertad de expresión y en solidaridad con Pablo Hasel, encarcelado por las letras contra la monarquía. Blackblock pintó el rey Juan Carlos I. Su rostro aparecía con flechas republicanas, rodeado de mensajes como 'asesino de elefantes' o 'parásito', y con la palabra 'ladrón' escrita en la frente. Pese a tratarse de un espacio reservado para el arte urbano, el mural no duró ni 24 horas. Al día siguiente, la Guardia Urbana se presentó en el parque con la brigada municipal de limpieza especializada en grafitis, y el rostro fue eliminado. El hecho causó una gran polémica, y obligó al Ayuntamiento a pedir disculpas y ofrecer a Blackblock los medios para volver a pintar un nuevo mural.

“ El sabotaje era previsible por parte de grupos fascistas,
pero lo que nunca podía imaginar es que lo censurara el propio ayuntamiento
— Roc BlackBlock


En sus 50 años de vigencia, la monarquía ha jugado un papel determinante en la consolidación democrática, pero su trayectoria ha estado marcada por sombras importantes. La asociación con el franquismo y su papel en la perpetuación de ciertos privilegios de la dictadura siempre han sido objeto de controversia. Además, en los últimos años la institución se ha visto salpicada por numerosos escándalos de corrupción. Juan Carlos I ha sido investigado por comisiones ilegales y por cuentas en Suiza no declaradas. La Constitución impide que el rey pueda ser juzgado por actos cometidos durante su mandato. Sin embargo, estas acusaciones le obligaron a abdicar en el 2014 en favor de su hijo, Felipe VI, y posteriormente a exiliarse a los Emiratos Árabes Unidos en el 2020, hundiendo aún más la confianza pública en la institución.

 

Los escándalos de corrupción y la percepción de impunidad han deteriorado la imagen de la monarquía y han debilitado su legitimidad. Según recientes sondeos, una parte significativa de la población joven es republicana. Además, su rol simbólico en momentos de crisis -como el discurso de Felipe VI después del referéndum catalán del 1 de octubre de 2017-, ha sido percibido como parcial por muchos sectores, especialmente por los progresistas y nacionalistas. Paralelamente, el Código Penal incluye el delito de injurias en la Corona. Casos como el del rapero Pablo Hasél, condenado por sus letras críticas con la monarquía, han hecho evidente la vulneración de derechos fundamentales como el de la libertad de expresión.

 



Actualmente, España es una democracia constitucional en la que, teóricamente, se garantizan derechos fundamentales como la libertad de expresión y prensa. La pluralidad política y mediática es reconocida legalmente, y el debate público está protegido por organismos y tratados internacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, el uso de instrumentos legales y policiales para controlar la disidencia muestra paralelismos preocupantes con el pasado en términos de abusos institucionales.

 

Desde la aprobación de la Ley Mordaza en 2015, las restricciones a la libertad de expresión, reunión y protesta se han intensificado. La ley permite multar a manifestantes sin autorización, impedir grabaciones de agentes policiales, y sancionar actos como ocupar espacios públicos o protestar ante instituciones. Según Amnistía Internacional, la norma se ha utilizado para sancionar a activistas y periodistas, algo que muchos consideran un retroceso democrático. Entre 2015 y 2021 se han impuesto más de un millón de sanciones bajo este marco legal, lo que ha sido catalogado por la ONG Human Rights Watch como un ejemplo de autoritarismo latente en la democracia española. Por otra parte, ciertos poderes políticos y económicos mantienen el dominio sobre los medios de comunicación, lo que dificulta la transparencia informativa. La independencia editorial es cuestionada, y el periodismo de investigación sobre casos de corrupción o abusos policiales a menudo debe hacer frente a obstáculos, incluyendo sanciones legales. 

“ España ocupa la 36ª posición en el ranking global de libertad de prensa de 2023
— Reporteros Sin Fronteras
 
La consolidación de mecanismos represivos bajo leyes modernas puede poner en peligro los progresos realizados en las últimas décadas. Varias organizaciones, como Amnistía Internacional, exigen la eliminación de las disposiciones más restrictivas de la Ley Mordaza y del Código Penal para alinear al país con los estándares internacionales de derechos humanos.

 


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