La violencia no se detiene

Durante la Transición y en los años posteriores, el terrorismo fue una de las grandes sombras del proceso hacia la democracia. ETA, considerando que las concesiones del nuevo gobierno no reconocían la soberanía vasca, intensificó su actividad armada, situándose como un actor principal en el panorama político y social, a la espera de una respuesta más radical a sus demandas. Durante este período, la organización llevó a cabo más de 300 asesinatos, muchos de ellos en Cataluña. El atentado contra Hipercor de 1987 fue uno de los más graves, pero hubo otros. En Vic, en 1991, un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil causó 10 víctimas, entre ellas varios niños, hijos de guardias civiles. En 2000, Ernest Lluch, exministro de Sanidad y una figura destacada del Partido Socialista de Cataluña, fue asesinado en el aparcamiento de su casa de Barcelona.

 

Por otra parte, los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), una organización de extrema izquierda fundada poco antes de la muerte de Franco, emergieron como el brazo armado del Partido Comunista de España. Durante la transición democrática, los GRAPO llevaron a cabo diversas acciones violentas, incluyendo secuestros, asesinatos y atentados con bombas, especialmente contra empresarios y figuras políticas, con el objetivo de desestabilizar el sistema democrático emergente, considerándolo contrario a su ideología revolucionaria. También hubo acciones violentas de grupos de extrema derecha afines al antiguo régimen, como la matanza de Atocha de 1977, donde fueron asesinados cinco abogados laboralistas de izquierdas. Toda esta violencia se producía en un contexto de tensiones políticas, creando un clima de miedo, que puso a prueba la fragilidad del proceso de democratización del país.

 

También en Cataluña surgieron algunos grupos armados, enmarcados en la conflictividad política del momento, aunque con un impacto más residual. El más destacado fue Terra Lliure, creado en 1978 con el objetivo de conseguir la independencia de los Països Catalans, y estuvo activo hasta su disolución en 1995. Durante su existencia, la organización cometió más de 200 atentados con explosivos, generalmente dirigidos a infraestructuras, símbolos del poder estatal. Terra Lliure pretendía visibilizar la causa independentista en un contexto de transición política, pero sus acciones recibieron fuerte rechazo social. Con la disolución del grupo, muchos de sus miembros se integraron en el activismo político. También operaron grupos menores como el Front d'Alliberament Català, activo hasta finales de los años setenta, con acciones limitadas y menos impacto mediático. Sin embargo, tanto la violencia de estos grupos como su influencia política fue marginal en comparación con otras organizaciones como ETA.

 

El terrorismo estuvo presente en nuestra sociedad hasta bien entrado el siglo XXI, pero la presión policial, el rechazo social por el carácter indiscriminado de muchos ataques y la transformación del contexto político llevaron a la disolución progresiva de estos grupos. ETA fue la última organización en desaparecer: se disolvió oficialmente en 2018, después de más de 850 asesinatos.

 

El fin del terrorismo es uno de los hitos más representativos de la España democrática, un símbolo de la madurez de un Estado que ha logrado consolidar la paz, superando uno de los episodios más oscuros de la transición y de las décadas posteriores. Sin embargo, el dolor ha dejado una impronta profunda en la memoria colectiva, marcando la política, la sociedad y el debate sobre la reconciliación. Hoy, este debate sigue abierto, porque las heridas no se han cerrado del todo.